El propósito de una ciudad debe ser de proveer para la gente dentro de sus fronteras. Cuando se trata de Afro Americanos, Latinos y otras personas marginadas en Charleston, este nunca ha sido el caso. Ahora es el momento de preguntarnos si debemos continuar abogando por la seguridad de un sistema que sigue diciéndonos que no nos protegerá, o si debemos luchar para quitarle el poder de las manos.
Según miembros de Eastside Community, al menos 10 personas resultaron heridas en un tiroteo la noche del lunes 30 de mayo de 2022. En los días siguientes, ha habido muchos discursos de mala fe y cambios en la narrativa de la ciudad de Charleston y el Departamento de Policía de Charleston (CPD). El alcalde Tecklenburg hizo hincapié en el peligro que enfrentaba la policía, eclipsando por completo el impacto que este incidente tuvo en la vida de los miembros de la comunidad. Sus comentarios no deben leerse como un lapsus, sino como un recordatorio de la posición real de los negros en lo que respecta a las prioridades del gobierno local.
No se puede separar la violencia que se muestra en la comunidad negra de la violencia infligida a la comunidad negra a través del CPD y la ciudad. Si vamos a hablar de violencia, entonces tenemos que estar dispuestos a empezar a hablar de la raíz. La violencia no es solo cuando los jóvenes negros se disparan entre sí, son todas las cosas que conducen a eso. La relación de los negros con Charleston nació y creció a partir de la violencia, por lo que no debería sorprender que la violencia continúe en la actualidad.
Muchos de nosotros conocemos la gentrificación, la expulsión forzada de personas de sus comunidades, de primera mano. Pero la gentrificación es un término cortés que se usa para describir la expulsión violenta de personas negras de una ciudad construida por manos negras. “Limpieza étnica” es un término más realista. Una ciudad a la que llegó por primera vez más del 40% de todos los Africanos traficados a los Estados Unidos, se ha convertido en un lugar donde los negros prácticamente no pueden permitirse vivir. Después de décadas de que la ciudad trabajara mano a mano con los promotores inmobiliarios, desde Sea Islands hasta America Street, los negros han sido privados de fondos, amenazados y comprados de la tierra que se vieron obligados a cultivar durante siglos como trabajadores esclavizados. No se puede desplazar violentamente a las comunidades mientras se construye simultáneamente el lujo y el turismo en el mismo lugar y no esperar que esas contradicciones se desborden.
Cada vez que los funcionarios y líderes de Lowcountry describen la violencia intracomunitaria, como los tiroteos recientes, siempre apuntan a la “violencia juvenil”, “drogas” o “pandillas”. Pero este “liderazgo” ha sido completamente incapaz de ofrecer un análisis de qué se trata o de dónde viene esa “violencia de pandillas”. La violencia está integrada en todos los aspectos de la vida de los negros. El 42 % de los niños negros menores de 18 años viven por debajo del umbral de la pobreza en Charleston, en comparación con el 11% de los niños blancos, según el informe del Avery Research Center sobre disparidades raciales. Los negros en Charleston están lidiando con una situación en la que la ciudad los está sacando de cada esquina. En esencia, las guerras de pandillas son siempre guerras territoriales. Son guerras por el dinero como medio de supervivencia. Son guerras por los recursos. Las masas de personas negras en Charleston no tienen territorio, tienen medios de supervivencia muy limitados y casi no tienen recursos.
La única forma en que el gobierno local sabe cómo resolver problemas reales que impactan a personas reales es arrojando dinero a la fuerza de ocupación en las comunidades negras y latinas. 37–80 millones de dólares anuales de los presupuestos del condado de Charleston, la ciudad de Charleston y North Charleston van directamente a las fuerzas del orden público. Según el informe Building a Safe and Just Charleston, la policía gasta la mayoría de sus recursos arrestando a personas por incidentes menores que no afectan la seguridad pública, pero que conducen a la criminalización masiva y al encarcelamiento de personas negras, latinas y discapacitadas a un costo enorme para contribuyentes.
Las personas negras y morenos están pasando hambre, despojadas de una educación decente, forzadas a empleos sin salida,viviendas de calidad inferior y expulsadas de la ciudad de Charleston a áreas como North Charleston, que ahora retiene la mayor concentración de personas negras y latinoamericanas en el condado de Charleston, y está en pleno proceso de convertirse en un estado policial.
El Departamento de Policía de North Charleston ha propuesto un plan (con poca información de la comunidad) para un centro de vigilancia en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana que monitoreará, en sus propias palabras, “cada centímetro” de la ciudad para supuestamente reducir y resolver delito. El llamado Centro de Operaciones Conjuntas incluirá la compra de 745 cámaras de vigilancia, 34 lectores automáticos de matrículas, un tablero de datos para compilar transmisiones de vigilancia de cámaras de propiedad privada y pública, y paredes de monitores de video según una petición que circula en oposición a el movimiento. Considere cómo este tipo de vigilancia afectará a las comunidades indocumentadas que ya viven en un estado de miedo en una ciudad que ni siquiera proporciona traducción de sus comunicaciones oficiales que afectan su salud, bienestar y sustento. Nadie debe dejarse engañar pensando que este Centro de Operaciones Conjuntas (o cualquier financiamiento policial) tiene algo que ver con la protección de los más vulnerables de nuestras comunidades. Este movimiento trata de proteger la propiedad y los intereses de los ricos y poderosos en una ciudad donde la división entre ricos y pobres ha llegado a un punto de ruptura. Si se permite que esta propuesta avance, el resultado será un control policial excesivo y la discriminación racial de los negros, morenos y otros grupos marginados, no la seguridad.
La violencia está en el centro de la existencia de los Estados Unidos (al escribir esta declaración, hemos tenido más tiroteos masivos que días en lo que va de 2022) y, como tal, la violencia está en el centro de la existencia de Charleston. Dicho esto, como naciones oprimidas dentro de sus fronteras, la violencia en las comunidades negras y morenas no debería sorprender a nadie. Lo que debería sorprender es que sigamos buscando en los responsables de crear las condiciones para la violencia soluciones para resolverla.
El control comunitario, a través de la creación de un Consejo de Responsabilidad de la Policía Civil (CPAC), devuelve el poder al pueblo. Una vez que el poder de decisión detrás de la contratación, el despido y, lo que es más importante, los presupuestos de la policía, esté sustancialmente en manos de la gente, tendremos el poder de comenzar a construir el tipo de recursos e instituciones que necesitamos para abordar los niveles de adoctrinamiento violento estadounidense que sigue acosándonos. Nuestras comunidades están aterrorizadas, traumatizadas y necesitan una profunda sanación y restauración. Comenzando por tomar el control de la institución policial, debemos construir un movimiento que finalmente recuperará el control de todo en nuestras comunidades, incluidas las escuelas y los hospitales, de una manera que haga que esas instituciones trabajen para nosotros, no para los desarrolladores, no para los funcionarios electos y ciertamente no para la policía.
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